Vaya por delante: nadie sabe lo que va a pasar. No existen precedentes cercanos de emergencias sanitarias de esta naturaleza y alcance, y por tanto históricamente tampoco se ha testado su impacto en la economía real.Lo que más se le aproxima es la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés), que en 2003 también hizo saltar las alarmas sanitarias en medio mundo, pero cuya propagación fue relativamente limitada (se contabilizaron unos 8.000 casos a nivel global, frente a los más de 200.000 actuales del coronavirus). Sin embargo, su repercusión en mercados y empresas fue durísima: se llevó por delante el 1% del PIB de China y el 2,5% de Hong Kong, entre otros.

Desde que el Gobierno aprobó Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 todos los días estamos conociendo nuevas disposiciones de distintos organismos encaminadas a paliar los efectos económicos de la crisis creada por esta situación excepcional y las medidas adoptadas para tratar de atajarla. Tal es la profución de medidas que hasta a los profesionales nos está costando trabajo digerirlas de una forma ordenada y práctica.

Cuando un partícipe de un plan de pensiones va a proceder con su rescate, debe tener en cuenta diversas consideraciones, especialmente de índole fiscal.

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Pymes y autónomos son dos de los principales actores de la economía española, y a la vez están entre los más vulnerables, por lo que se han convertido en grandes protagonistas de la crisis económica que está provocando la lucha contra el coronavirus en España.

Ante esta situación, son muchas las ayudas y prestaciones que se han anunciado estos días para tratar de mitigar su sufrimiento, y desde muchos ámbitos. Empezando por la banca, que ha preconcedido más de 70.000 millones en créditos para este colectivo, como otras grandes empresas, que han decidido aplazarles sus facturas o mejorar sus condiciones para que no se vean afectados por la nueva situación laboral.

Pero también desde el Gobierno central han aprobado varias ayudas de las que pymes y autónomos se pueden beneficiar. Pero, ¿cuáles son estas ayudas? ¿Desde cuándo estarán disponibles? ¿Cómo se puede acceder a estas prestaciones?

Las empresas españolas aún presentan algunas carencias en la incorporación y desarrollo de sistemas de compliance en sus respectivos sectores de actividad. En un momento en el que es imprescindible contar con un sistema de gestión de cumplimiento penal con independencia del tamaño o de la actividad de una compañía, gran parte de los empresarios reconocen no contar con un modelo integrado conforme a la normativa española y demás estándares internacionales de referencia.

Se ha detectado un phishing a la plataforma de vídeos Netflix, a través de un enlace que se está difundiendo por el canal de mensajería instantánea WhatsApp, bajo la demanda de una suscripción gratuita y utilizando de gancho el COVID-19. No obstante, este fenómeno podría extenderse a otras plataformas de entretenimiento y/o a través de otros canales, como el correo electrónico. El objetivo es redirigir a la víctima a una página que simula ser legítima para robar sus datos personales y/o bancarios.

Se han detectado aplicaciones maliciosas, en su mayoría para dispositivos Android, que aseguran tener la utilidad de facilitar un mapa para seguir la evolución del coronavirus. La difusión de este tipo de aplicaciones se realiza a través de correos electrónicos que suplantan a entidades bancarias y contiene un enlace de descarga a la aplicación maliciosa. Aunque también podrían difundirse a través de otro tipo de correos electrónicos o de mensajería instantánea

• 40 millones de euros es el costo anual de los “hackeos” de los piratas informáticos en España

• El 70% de los ciberdelitos están dirigidos a PYMES –que conforman el 99,8% de nuestro tejido empresarial– y en los últimos años los ataques informáticos a compañías han aumentado un 130%.

Hacienda controla cada vez más las operaciones bancarias y en efectivo de los autónomos. Aparte de con sus propios medios, cuenta con la colaboración de los bancos, que están obligados a informar sobre determinados movimientos en las cuentas de sus clientes.