El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha celebrado un ciclo Encuentros REAF sobre el FRAUDE FISCAL con objeto de analizar los principales factores incidentes y plantear propuestas encaminadas a reducir el fraude tributario en nuestro país.

Como consecuencia de estos encuentros, los expertos han destacado las siguientes posibles medidas a tomar para intentar reducir el fraude fiscal en nuestro país:

• Habría que intentar legislar con más claridad, evitando la existencia de normas de baja calidad formal y democrática. No se debería abusar del Real Decreto-ley y debería evitarse la introducción de impuestos a través de Proposiciones de Ley (y no, de Proyectos) o mediante enmiendas.

• Dar mayor estabilidad al sistema tributario de manera que se eviten los continuos cambios en el mismo, que provocan incertidumbre y retraen o retrasan la inversión tanto nacional como internacional en nuestro país. Así mismo, los criterios administrativos también deberían ser más claros y tener vocación de permanencia, para evitar incertidumbres y discrepancias de interpretación.

• Las modificaciones que se tengan que realizar en la normativa tributaria han de respetar el principio de seguridad jurídica y evitar perjudicar las expectativas legítimas de los contribuyentes, especialmente cuando el cambio normativo afecta a situaciones que se remontan a muchos ejercicios anteriores a su entrada en vigor, sin establecer un régimen transitorio adecuado y avocando a los sujetos pasivos a afrontar una carga fiscal no prevista en su día y que no podrán recuperar.

• Simplificar el sistema fiscal, así como los trámites administrativos.

• Favorecer la rápida resolución de los problemas interpretativos.

• Hacer todo lo posible para que el cumplimiento voluntario fuera más fácil. En este sentido, debería incrementarse la relación cooperativa entre administración y administrado, y que las normas tributarias tuvieran una vacatio legis suficiente para facilitar dicho cumplimiento voluntario.

• El pago voluntario de los impuestos exige la creación de una conciencia de que son justos. Dado que en estos momentos el esfuerzo fiscal de los ciudadanos españoles podría valorarse como elevado, convendría considerar una reducción de la presión fiscal para mejorar esta percepción. Por otra parte, las constantes subidas de impuestos incentivan la economía sumergida y reducen la creación de empleo e inversión.

• Deberían existir incentivos para evitar los litigios: regulación del arrepentimiento espontáneo al inicio de los procedimientos de comprobación, mecanismos eficaces de extensión de efectos de sentencias o criterios administrativos favorables al contribuyente, limitación de la competencia comprobadora de la Administración Tributaria, resolución anticipada de las reclamaciones mediante acuerdos.

• Sería conveniente poner en marcha mecanismos de mediación o arbitraje similares a los existentes en otros países de nuestro entorno y nivel económico.

• Para reforzar la seguridad jurídica debería establecerse el carácter vinculante de las consultas tributarias incluso respecto de los Tribunales Económico-Administrativos y los Tribunales de Justicia; el silencio positivo en la tramitación de las consultas; una ventanilla previa a la declaración para el planteamiento de la tributación de operaciones que impida la imposición de sanciones e, incluso, el cuestionamiento de su tributación si transcurre un plazo razonable sin contestación administrativa.

• Además, habría que establecer un plazo de prescripción para el derecho de la Administración Tributaria a comprobar. El plazo de prescripción general tendría que acortarse a dos años.

• Reforzar los foros cooperativos con asesores, cuyo papel sigue siendo imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema tributario. También debería reforzarse el papel del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

• Profundizar en la concienciación ciudadana y la asistencia a los contribuyentes.

• Reforzar los medios personales y organizativos de la Administración Tributaria.

• Así mismo, habría que intensificar el eficaz tratamiento de la información de que disponen las administraciones tributarias, e incorporar el uso de la inteligencia artificial en todas las administraciones públicas, lo que ayudaría a hacer una mejor selección de los contribuyentes y situaciones con mayor probabilidad de incumplimiento significativo de sus obligaciones fiscales.

• Sería preciso cambiar el planteamiento frente a los incumplimientos tributarios, sean o no constitutivos de fraude, pasando de un enfoque sustancialmente represivo y subsanador a otro preventivo y/o de tratamiento temprano. Con este fin, se proponen, entre otras medidas, incrementar los servicios de asistencia y apoyo a las empresas de reciente creación; monitorizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales durante sus primeros meses de actividad; instaurar y aplicar de forma efectiva sistemas de intercambio de información, no sólo con otros países y jurisdicciones, sino, sobre todo, entre las diferentes administraciones tributarias y fiscales nacionales; incrementar la cooperación administrativa efectiva entre las diferentes administraciones nacionales; y elaborar, con la participación de los colaboradores sociales, criterios y pautas sobre casos y situaciones de interés general.

• Cabría estudiar y realizar alguna experiencia piloto sobre la aplicación de la figura del derecho al error (una especie de `carnet por puntos´).

• A la hora de evaluar el fraude fiscal, deberían tenerse también en cuenta los datos relativos a las cotizaciones sociales y los gravámenes, ya que las cotizaciones sociales suponen técnicamente, y cada vez más, un auténtico impuesto sobre el trabajo. Igualmente, los gravámenes son también tributos, por lo que también habrían de tenerse en cuenta.

• Para evitar la economía sumergida, habría que poner encima de la mesa la necesidad de facilitar el cumplimiento tributario de las actividades ilícitas.

• En cuanto a la economía sumergida, uno de los elementos que, en la práctica, se perciben como más relevantes para la adopción de la decisión de sumergir un negocio es el elevado coste de los trabajadores. Siendo eso así, habría que analizar la posibilidad de disminuir la brecha fiscal sobre el factor trabajo.

• Es necesario reducir los costes y las cargas que genera un sistema fiscal que van mucho más allá de la recaudación obtenida. Se producen costes de cumplimiento del sistema, es decir, gasto de recursos para poder conocer toda la compleja normativa tributaria y poder atender al pago de los impuestos. Estas dificultades y costes ocultos son un incentivo a la economía sumergida.

• La mejora de la eficiencia del gasto público ayuda a deslegitimar el fraude fiscal. Existe evidencia empírica internacional de que los países con menor eficiencia en su gasto público tienden a padecer mayores niveles de economía sumergida.