Entre los distintos sistemas de resolución alternativa de conflictos se encuentran, por ejemplo, el arbitraje, la negociación o la mediación. Estos procesos, en principio, cuentan con la ventaja de ser una forma de resolución de controversias más rápida y confidencial.
Entre estas alternativas también figura el dictamen de experto independiente o “expert determination”.
La práctica de esta figura consiste en la remisión del caso a un experto independiente, que por lo general no será un abogado, al que se le solicita que analice una determinada controversia y que proporcione a las partes una decisión sobre la misma.
Aunque en España esta figura no es desconocida (es ampliamente utilizada en el ámbito privado para solucionar controversias relacionadas con el cálculo de precios variables en contratos de compraventa), no ha contado históricamente con una regulación específica. Sin embargo, recientemente ha recibido un fuerte impulso por su consideración en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, concretamente, en el artículo 18 de dicha Ley, en el que se trata sobre la opinión del experto independiente como alternativa de resolución de una controversia.
El mecanismo de experto independiente es particularmente útil para resolver controversias fundamentalmente técnicas, en las que las formalidades y procedimientos de un litigio o arbitraje tradicional pueden no ser necesarias. En estos casos, la decisión del experto independiente puede ser suficiente para la resolución de la controversia, ya que su función va más allá de la del mediador o negociador, convirtiendo su decisión en la efectiva resolución del conflicto, asemejándose, salvando las distancias, a la decisión obtenida en un procedimiento arbitral.
Este tipo de resolución de controversias permite a las partes ir directamente a quien determinará el resultado, evitando la intervención de jueces o de árbitros que finalmente se apoyarán y fundamentarán su decisión en esta opinión técnica.
Algunas de las principales ventajas de acudir directamente al dictamen de experto independiente giran en torno a la rapidez, flexibilidad o el menor coste asociado a la resolución:
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Generalmente, es una alternativa de resolución más barata, rápida y menos formal que el arbitraje. Así, esta fórmula tiende a ser más económica ya que no requiere de tantos procedimientos formales, y las decisiones se toman con más agilidad que en la litigación convencional o arbitraje, que suelen ser procesos más largos y costosos.
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Además, ayuda a las partes a mantener sus relaciones comerciales, ya que el proceso puede ser menos confrontacional que la litigación o el arbitraje. La determinación por parte de un experto independiente suele crear menores tensiones entre las partes, lo que permite que las relaciones comerciales no se vean tan afectadas.
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Las partes pueden elegir quién resolverá la controversia, lo que puede ser una ventaja significativa cuando la disputa requiere conocimientos sobre cuestiones técnicas complicadas.
Aunque el dictamen de experto independiente cuenta con todas estas ventajas, también presenta limitaciones y desventajas frente a la litigación convencional o el arbitraje, tales como:
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Si bien la mencionada Ley Orgánica 1/2025 ya presenta algunas pautas sobre la designación de un experto independiente, a diferencia del arbitraje, donde los procedimientos están regidos por reglas institucionales, aún no existe un marco legislativo contrastado que regule la intervención de los expertos. Por ello, el procedimiento para una resolución por parte de un experto independiente dependerá en gran medida del acuerdo entre las partes.
Aunque es precisamente esta flexibilidad esto lo que puede hacer que el proceso sea más rápido y eficiente, la desventaja es que el alcance del experto dependerá de los términos que hayan pactado las partes, pudiendo generar esta circunstancia limitaciones a la hora de poder contar con los medios necesarios para la correcta toma de decisión.
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Esta ausencia de reglas específicas convierte en un elemento esencial para que el proceso sea exitoso y eficiente, que el experto marque unos procedimientos claros desde el inicio (desde establecer un calendario específico hasta determinar cómo será la intervención de cada una de las partes en el proceso).
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La decisión de un experto se convierte, de hecho, en otro término del contrato y, en caso de que la parte perdedora no acepte la decisión, la parte ganadora únicamente podría hacerla cumplir iniciando un nuevo procedimiento por incumplimiento del acuerdo contractual. En contraste, las sentencias judiciales y los laudos arbitrales son ejecutables de pleno derecho.
En definitiva, la resolución de disputas mediante el uso de un dictamen de experto independiente puede suponer una forma más eficiente y menos conflictiva de resolver la controversia, beneficiando especialmente a las partes que desean evitar un enfrentamiento prolongado.
Por el contrario, es una fórmula de resolución de conflictos limitada a casos específicos con un alto componente técnico. Además, un desenlace exitoso del proceso dependerá en gran medida de la cooperación de las partes y su sometimiento a la decisión final que tome el experto.
Fuente: Coordenadas BDO
Autor: Manuel Alejandro Vargas