Aunque se hayan presentado como decisiones muy meditadas por parte del Gobierno, los porcentajes de gasto que la Unión Europea condiciona (un mínimo de un 37% en acción climática y hasta un 33% en digitalización) condicionan buena parte de los proyectos que los Estados miembros van a poder llevar a cabo con los fondos europeos.
La colaboración publico-privada es una de las bases que el Gobierno plantea a la CE