• Se estima que España recibiría del Fondo de Recuperación europeo algo más de 77.000 millones en forma de transferencias a fondo perdido en un periodo de siete años, y esta cantidad estaría supeditada a la aprobación de reformas estructurales propuestas por el Gobierno español.

A finales de mayo la Comisión Europea (CE) presentó la propuesta para constituir un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros que 560.000 millones se destinarían a ayudar a los países a financiar "reformas estructurales e inversiones" que Bruselas lleva pidiendo a algunos estados, como a España.

Es decir, los 560.000 millones de euros los dedicaría la UE en ofrecer “apoyo financiero para inversiones y reformas, que incluirán las relacionadas con la transición digital y la transición energética, así como para facilitar la resiliencia de las economías nacionales respecto a las prioridades” que establece la CE. La resiliencia económica se concibe como la capacidad que tienen las economías nacionales, regionales e incluso las empresas para adaptarse a los cambios.

Cada gobierno europeo tendrá que presentar un plan de recuperación de explique específicamente en qué gastará el dinero, en línea con las recomendaciones económicas que les hace Bruselas y es necesario el consenso de todos los países, incluidos los llamados “cuatro frugales” (Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia), los más reticentes a ayudar a los más endeudados.

De los 560.000 millones que se destinarán a financiar reformas estructurales, 310.000 millones serán transferencias directas -a fondo perdido- y 250.000 serán préstamos. "El apoyo estará disponible para todos los países, pero se centrará en los países más afectados y con mayores necesidades", aseguró una fuente de la CE. La idea del gobierno comunitario es que las ayudas que le correspondan a cada país se liberen en dos pagos anuales.

Sin estar aún las partidas definidas ni aprobadas, a España le corresponderían unos 140.000 millones de los 750.000 destinados al Fondo de Recuperación. Se estima que algo más de 77.000 millones se recibirían en forma de transferencias a fondo perdido en un periodo de siete años y esta cantidad estaría supeditada a la aprobación de reformas estructurales propuestas por el Gobierno español. El resto, unos 63.000 millones serían préstamos que España tendría que devolver.

Atendiendo a la partida de los 77.000 millones que supone en realidad la ayuda comunitaria (algunas fuentes hablan de que podría llegar a 85.000 millones), tras restar las aportaciones presupuestarias del país, recibirá unos recursos netos que oscilan entre los 20.000 millones que calculan fuentes cercanas a la Comisión Europea y los 34.000 o 46.600 millones estimados por entidades privadas, como el Center for European Reform. La cantidad neta queda muy rebajada porque el Fondo de Recuperación se tendrá que financiar con una ampliación extraordinaria del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y España tendrá que hacer su aportación.

Ello supone que España recibiría, en el mejor de los casos, unos 6.000 millones anuales, una cantidad muy escasa, por no decir ridícula, puesto que las necesidades financieras de este año son de 130.000 millones y las de 2021 algo menores. Siempre se podrá acudir al MEDE o a los 63.000 millones que la UE puede prestar, pero entonces habría que utilizar la palabra “rescate” que tanta suspicacia levanta.

Desde el año 2011, en que se inició la recuperación de la crisis financiera de 2008, la UE ha pedido a España que avance en una serie de reformas estructurales, pero los resultados han sido muy escasos. En su último informe sobre España, de este mismo año, resalta que en un 24% de las recomendaciones ha habido un avance muy limitado o nulo, mientras que en el resto sólo se ha conseguido "algún de avance".

La CE se queja especialmente de los pobres avances en la consolidación fiscal conseguidos y de la constante amenaza de revertir la reforma laboral de 2012. La deuda pública sigue siendo muy alta, y aumentará aún más a raíz de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para frenar el impacto económico de la pandemia; mientras que el déficit público aumentó hasta el 2,8% del PIB en 2019 y podría dispararse hasta el 11% este año.

Posteriormente la Comisión Europea ha concretado más las reformas que España tendría que realizar para acceder a los fondos europeos. La precariedad del mercado de trabajo español y la elevada tasa de temporalidad es uno de los principales retos que tiene que abordar el Ejecutivo español, según Bruselas.

Bruselas sitúa además la transición energética como una de las prioridades del crecimiento económico europeo y cree que en España los avances para fomentar la innovación y eficiencia energética han sido "limitados", así como el desarrollo de infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías. España es uno de los países en los que más porcentaje del total del transporte de mercancías se produce por carretera, lo que incrementa la contaminación. "Hay que seguir avanzando también en las interconexiones de electricidad con los países vecinos", asegura la CE. Las autoridades comunitarias reclaman además nuevas inversiones en energías renovables para que España pueda cumplir sus metas de eficiencia energética e inversión en edificios.

Por otra parte, Bruselas denuncia que "no se ha reforzado el marco institucional que rige la gestión de las finanzas públicas" ni tampoco se han aplicado los resultados de los informes encargados a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para mejorar la eficiencia del gasto público. Tampoco ha adoptado la estrategia nacional de contratación pública que España tenía que haber aprobado en 2018. "España se mantiene en valores persistentemente elevados, ya que el nivel de imposición es bajo en relación con los gastos. Los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria global siguen siendo significativos a medio y largo plazo", reconocen.

Bruselas señala que agravará este desequilibrio la voluntad del Gobierno de ligar la subida de las pensiones con el IPC y se muestra contrario en "disociar los niveles iniciales de las pensiones de los cambios en la esperanza de vida". Pese a sus reiteradas peticiones, la CE señala que "no ha habido avances a la hora de preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones".

"En todas las comunidades autónomas, los resultados de España en materia de innovación están por debajo de la media de la UE", lamenta Bruselas, que acusa al Estado de falta de inversión pública y a las empresas de falta de inversión privada en I+D. El alto porcentaje de pymes también desincentiva este tipo de inversiones. "La innovación empresarial se ve lastrada por la baja capacidad de absorción de las pequeñas empresas", y también supone una barrera la diferente reglamentación entre comunidades. El bajo rendimiento de la economía en materia de innovación también tiene que ver con la escasez de capacidades técnicas, algo ligado a las altas tasas de abandono escolar.

Además, la CE cree que España es uno de los Estados miembros más expuestos al cambio climático, por lo que piden "inversiones en adaptación al cambio climático, prevención de riesgos y resiliencia ante las catástrofes". "Hay diferencias entre territorios en materia de infraestructuras de gestión del agua y los residuos que suponen importantes retos medioambientales. En algunas zonas urbanas, también hay problemas de calidad del aire. Al mismo tiempo, en España los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales siguen estando entre los más bajos de la UE", apuntan.

Ante esta larga lista de tareas impuestas por las autoridades comunitarias, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, anunció el pasado 18 de junio ante la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados que el Ejecutivo llevará a cabo un plan de reformas estructurado en seis ejes para cumplir con la petición de la CE y conseguir así acceso al Fondo de Recuperación.

El primer eje se centra en la transición ecológica y se canalizará a través de la ley de cambio climático y la estrategia de economía circular y plan de choque de economía sostenible. El segundo bloque de reformas se centrará en el emprendimiento y conectividad digital; el tercero en un pacto por el empleo y la formación profesional que apueste por la formación profesional dual y nos oriente hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

El cuarto eje será un pacto por la ciencia, cuyo objetivo será elevar hasta el 2% del PIB la inversión en I+D+i; mientras que el quinto buscará mejorar la eficiencia de los servicios públicos y reducir la pobreza severa. "La aprobación del Ingreso Mínimo Vital será un paso importante en este sentido", ha señalado Calviño. El sexto y último bloque de reformas se centrará en el campo, en el sector agroalimentario y contra la despoblación.

La vicepresidenta económica ha señalado que todas estas reformas se harán sin abandonar la senda de consolidación fiscal, a la que el Gobierno quiere volver a partir de 2021 -dado que en 2020 se espera que el déficit público se dispare hasta el 10-11% del PIB-. Para ello, Calviño se ha mostrado partidaria de aumentar la recaudación, subiendo impuestos. De hecho, ha instado a la Cámara a darse prisa en la tramitación de la 'tasa Google' y la 'tasa Tobin', que están actualmente en tramitación parlamentaria. También ha defendido una mejora de la eficiencia del gasto, para lo que probablemente se basen en los informes preparados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Fuente: CISS Contable-Mercantil      Wolters Kluwer