El 9 de marzo de 2018 se produce la entrada en vigor completa  de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento  jurídico español las Directivas  del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014 (en adelante, LCSP). Tras más de un año de  tramitación parlamentaria,  y con casi dos años de retraso  con respecto al plazo fijado  en las directivas comunitarias,  la entrada en vigor de esta  norma presenta una gran relevancia por diversos motivos,

 Motivos de la importancia de la nueva Ley:

- Su aplicación contribuye a la redistribución de entre un 14%  y un 20% (según las fuentes)  del PIB en nuestro país. 

- A diferencia de otras reformas recientes de la norma (raro es  el año que no se produce una), en la nueva LCSP se modifican, en mayor o menor medida, hasta el 90% del articulado de la ley que ahora se deroga (304 artículos sobre los 334 de la anterior).

- Tras años de contracción  de la contratación pública y,  en particular, del sector de las infraestructuras, la nueva norma llega para ser aplicada en un contexto económico distinto,  en el que se espera que la Administración retome su actividad licitadora. En el horizonte se vislumbran ya una serie de licitaciones que,  sin duda alguna, contribuirán notablemente a la reactivación de la actividad económica  y la creación de empleo (Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras, depuradoras en Castilla-La Mancha, privatización de las autopistas de peaje  que reviertan al Estado, etc.).  

Ello nos lleva a considerar que  la nueva LCSP es, junto con el Reglamento General de Protección de Datos, la norma de Derecho Administrativo en sentido  estricto más relevante que  entrará en vigor en el año 2018. Los objetivos fundamentales  de la LCSP son incrementar la transparencia en la contratación pública y mejorar la racionalización y eficiencia en el uso  de los recursos públicos.  Aunque la nueva norma sigue  el esquema creado por la anterior regulación, el nuevo texto aclara algunas cuestiones para mejorar  la seguridad jurídica y da una otra vuelta de tuerca a la regulación en su concepción como instrumento para implementar políticas sociales, medioambientales,  de innovación y desarrollo,  de promoción de las pymes,  y de defensa de la competencia. 

En esta Guía, llevaremos  a cabo una aproximación  a las principales novedades  que introduce esta nueva norma, extensa y compleja, desde una visión eminentemente práctica, didáctica, poco técnica en lo posible y no exhaustiva.

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Fuente: Expansion