La AEAT realizó 1.496 entradas y registros en 2021. El Supremo ha fijado que la actuación debe estar conectada con un procedimiento en curso.

Hacienda cuenta con una poderosa herramienta para luchar contra el fraude fiscal: la caza in fraganti del presunto incumplidor. En 2021, la Agencia Tributaria realizó 1.496 entradas y registros in situ, frente a las 2.647 de 2019 y las 992 de 2020. De ellas, 1.254 fueron realizadas con apoyo de las Unidades de Auditoría Informática (UAI), un 83% más que en 2020 y un 42,5% menos que en 2019.

Estas actuaciones, en las que se revisan ordenadores y todo tipo de documentación contable, suelen formar parte, además, de las macrooperaciones sectoriales, como la bautizada como Operación Argamasa contra el fraude en la venta de materiales de obra. A finales del pasado mes de abril, más de 300 funcionarios se personaron en 71 locales de todo el territorio nacional tras detectar, anunció la AEAT, “signos externos de riqueza no justificados y ratios económicas anormalmente bajas en las empresas seleccionadas”.

El régimen de constitución telemática vigente en nuestro ordenamiento jurídico ha sido modificado en algunos aspectos, para poder cumplir con el mandato del legislador europeo de contemplar un procedimiento íntegramente online, aplicable tanto al momento de constitución, como a las modificaciones societarias posteriores y al registro de sucursales por parte de solicitantes que sean ciudadanos de la Unión Europea.

Se ha detectado una campaña de smishing suplantando a la Seguridad Social en la que solicitan actualizar la tarjeta sanitaria por medio del enlace proporcionado para evitar perder los derechos que dicha tarjeta ofrece. A través del formulario al que se accede desde el enlace, se solicitan datos personales del usuario, para robarlos y utilizarlos de forma fraudulenta.

Se ha detectado una campaña de correos maliciosos en la cual se distribuye un malware de tipo troyano suplantando a la entidad bancaria. En este caso se tiene constancia de suplantaciones a través de phishing al BBVA y al Banco Santander. Los correos se identifican con el asunto ‘Confirming – Aviso de pago’ o ‘BBVA-Confirming Facturas Pagadas al Vencimiento’, entre otros.

Identificada una campaña de distribución de malware que suplanta a la Agencia Tributaria mediante la técnica phishing. El pretexto del mensaje es la necesidad de corregir unos datos, ya que se ha identificado una diferencia en el IRPF. El correo va acompañado de un enlace, el cual descarga un archivo comprimido que contiene un ejecutable (archivo.exe) con un código fraudulento.

No se puede obligar a un administrador a permanecer en el cargo contra su voluntad. No obstante, cuando la renuncia se presenta por el gestor único, es necesario, tener en cuenta el cumplimiento de determinados requisitos para evitar una posible paralización de la vida social.

La manifestación realizada por el administrador de una sociedad mercantil confirmando su intención de dimitir en principio no debe tener limitaciones ya que, nada ni nadie puede impedirle retirarse del puesto en cualquier momento. Toda oposición a ello sería ineficaz, puesto que no parece de sentido común el poder obligar a alguien a estar en un trabajo que no desea continuar desempeñando.

Al igual que la Junta puede cesar al administrador en cualquier momento, aunque no esté previsto en el orden del día, el administrador también puede renunciar. La dimisión es un derecho individual al que no cabe poner limitaciones, cualquiera que sea la causa alegada.

 

Tras la moratoria concursal y en el actual contexto de crisis, muchas empresas se están viendo obligadas a presentar concurso de acreedores ante la situación de insolvencia que les acecha. A esto hay que añadir la incertidumbre sobre la posibilidad y los mecanismos para recuperar el IVA.

Ésta es una de las situaciones más complicadas y polémicas sufridas por los negocios hoy día: pagar impuestos por operaciones que ni si quiera han cobrado, adelantando dinero a sus clientes y a la Administración.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado ha incluido tres cambios importantes para que una factura sea considerada incobrable de cara a reclamar la devolución del IVA.

Se ha detectado una campaña de mensajes fraudulentos a través de SMS (smishing), donde se informa al cliente de que se ha realizado un cargo en su cuenta de Bankinter o Targobank y que ha sido bloqueada. Además, se precisa realizar acciones por parte de la víctima en su cuenta, accediendo a través del enlace proporcionado en el mensaje.

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